NOTICIAS TEZIUTLÁN "LA PURA VERDAD"
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NOVIEMBRE 4 2019
POR
FAUSTO HERNÁNDEZ
Tras 14 años de que se suscitó el hecho que derivó de traumatismo
craneoencefálico que sufrió Enrique Severo Cruz Salazar, y por consiguiente se
configuró el delito de lesiones calificadas cometidas por los hermanos David y
Gabriel Betancourt, tras la final de un partido de fútbol, pero el ahora edil
por tercera ocasión de Tlatlauquitepec Porfirio Loeza Aguilar, desde esa fecha
se entrometió supuestamente para favorecer a los denunciados a quienes no se
les ejercitó acción penal y hasta de aval quedó como se evidencia en un
documento expedido en el Hospital Universitario de la BUAP, por ello denuncian
públicamente que a la fecha no le han reparado el daño como se debe, solo le
ofrecen 12 mil 600 pesos y dan autoridades por concluido el proceso.
El
proceso es el 13/2005, y por el mismo ha subido y bajado juntó con su hermano a
diferentes Instancias, desde el Ministerio Público de manera inicial y luego en
el Juzgado Mixto de primera Instancia con cabecera en Tlatlauquitepec, hasta
llegar al Tribunal Superior de Justicia, no dejando a un lado las Comisiones de
los Derechos Humanos (CDH) de nivel estatal y nacional, entre otras
instituciones involucradas con la imparticipación de justicia, pero ha encontrado
corrupción para solapar a Porfirio Loeza, añadió Cruz Salazar, todo por ser
presidente municipal.
El
motivo de que Loeza Aguilar se encuentre implicado en el delito de lesiones
calificadas, es porque al quedar como aval
en el Hospital Universitario tuvo que haber respondido primeramente por
los gastos médicos, pero no fue así, por el contrario protegió a los agresores
intelectuales, a quienes hasta premió con un cargo público en el Ayuntamiento,
justamente cuando Loeza llegó a ocupar el cargo de presidente por primera
ocasión, uno de ellos fue director municipal de Protección Civil.
En
una ocasión se trató de ejercitar penal en contra de David Betancourt, pero
hubo resistencia a particulares, ya que
sus familiares lo impidieron, por ello los entonces agentes Judiciales
no le dieron cumplimiento a la orden de aprehensión, y de Gabriel, no hay
indicios de que haya pagado el delito que cometió.
Estimó,
Enrique Severo Cruz, quien fue entrevistado en las afueras del Juzgado Mixto de
Tlatlauquitepec que la reparación del daño asciende a los 2.5 millones, porque vendió parte de su
patrimonio para pagar sus gastos médicos, y un largo tratamiento, ya que las
lesiones que tuvo pusieron en riesgo su vida y por lo mismo quedó con secuelas
y no pudo trabajar durante mucho tiempo, sumado a los gastos de peregrinar en
las diferentes instituciones en busca de que se hiciera justicia real, no
obstante le ofrecen solo la suma de 12 mil 600 pesos.
Culpó
al edil Loeza Aguilar, debido a que por su presunta intromisión no hubo una
sentencia justa, solo le han dado atole con el dedo las autoridades.
Además
remató que el alcalde de Tlatlauquitepec, debe ser sancionado, ya que está
inhabilitado para ocupar un cargo público por 11 años, y le tuvieron que haber
revocado el mandato en la anterior administración que presidió, ello derivado
de su cuenta pública de la primera gestión en la que estuvo al frente, sin
embargo a pesar de la resolución del Congreso del Estado, tras haber agotado
los recursos de su defensa, el gobierno justamente estatal lo ha mantenido
activo en la vida pública y política, lo que calificó como una descarada burla,
hasta de parte de las autoridades electorales.