NOTICIAS TEZIUTLÁN "LA PURA VERDAD"
INFORMA
NOTICIARIO DE ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN noticiasdeteziutlan@hotmail.com
NOVIEMBRE 1 2019
A
unas horas de que Jaime Bonilla rinda protesta como gobernador de Baja
California, el Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad para
invalidar la ampliación de su mandato, de dos a cinco años, que aprobó el
Congreso estatal.
Este
recurso se une al que dicho organismo presentó hace unos días ante el tribunal
electoral para que aclare por cuántos años asumirá el morenista.
“La
acción de inconstitucionalidad presentada por el secretario ejecutivo Edmundo
Jacobo Molina pretende que la SCJN declare inconstitucional el Decreto número
351 aprobado por el Congreso de Baja California el pasado 11 de septiembre,
mediante el cual se modifica el mandato para el cual fue electo el candidato
Jaime Bonilla, pasando de dos a cinco años.
“El
INE argumentó ante la Suprema Corte que el decreto publicado el pasado 17 de
octubre de 2019 contraviene la Constitución federal, ya que dicho ordenamiento
pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se
realizara el proceso electoral local en Baja California”, informó el INE.
Con
ambos recursos, expuso el organismo, se hacen valer sus facultades
constitucionales implícitas, considerando que el recurso ante la Suprema Corte
se inscribe en su función de mantener un Estado democrático, como rector de los
procesos electorales a nivel nacional y garante del sufragio secreto, efectivo,
libre, informado y directo.
En el
documento entregado a los ministros, el INE argumenta que el artículo 105
constitucional establece que las leyes electorales federal y locales deberán
promulgarse y publicarse, por lo menos, 90 días antes de que inicie el proceso
electoral en que vayan a aplicarse y, durante el mismo, no podrá haber
modificaciones fundamentales.
El
INE insiste en que la reforma a la Constitución local, después del proceso
electoral de Baja California, pone en riesgo la certeza jurídica, pues la norma
vigente en materia electoral señala claramente las etapas de un proceso y el
periodo del mandato para el que compiten los políticos que se inscriben.
“El
decreto expedido por el Congreso local pretende desconocer ese hecho y lesiona
principios fundamentales de la democracia, cuyos preceptos se han venido
construyendo en nuestro país”, agregó.