Setenta y cinco
gobiernos municipales, del PRI, PAN, MC, presentaron ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación una controversia constitucional contra la reforma a la
Ley General de Comunicación Social, confirmó este día el alcalde de la ciudad
de Puebla, Eduardo Rivera.
Dicha ley establece
que solo pueden gastar el 0.1 por ciento de su presupuesto en campañas de
difusión.
Están afectando de
manera directa el derecho de saber del ciudadano y la libertad hacendaria de
los municipios establecida en el artículo 115 de la Constitución, considera
Rivera Pérez.
“Los ayuntamientos
demandamos respeto a nuestra autonomía. Esperemos que la Corte nos dé la razón
y no entre en vigor esta ley”, dijo el alcalde.
El artículo 26 de la
Ley General de Comunicación Social establece que el “límite del gasto del
Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1
por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente”.
La Ley General de
Comunicación Social marca que su contenido es aplicable a los tres poderes de
la federación, de las entidades, a los municipios, a las demarcaciones de la
Ciudad de México, a organismos autónomos e instituciones públicas.
Los estados de los ayuntamientos que tramitaron la controversia son Guanajuato, el Estado de México, Yucatán, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Baja California Sur, Tlaxcala, Aguascalientes, Nuevo León y Guerrero.
