La jueza calificadora del Ayuntamiento de Ayotoxco de Guerrero, Ariadna Cruz Espino, presentó una denuncia formal por presunta violencia laboral por razón de género, violencia institucional y discriminación en contra de quien resulte responsable dentro de la administración municipal.
El pasado 28 de julio, la servidora pública radicó el oficio JC/004/2026 ante el Órgano Interno de Control (OIC), donde expone un patrón de omisiones que, de acuerdo con su testimonio, ha vulnerado sus derechos laborales y el desempeño de sus atribuciones durante más de cuatro meses.
Cruz Espino afirmó contar con material documental y de audio que sustenta sus seńalamientos, los cuales decidió no hacer públicos por temor a sufrir represalias.
"Me reservo las pruebas de audio y documentales por temor fundado a represalias, como consta en mi escrito", declaró.
Según lo expuesto por la denunciante, ninguna de las peticiones o documentos remitidos desde su despacho ha recibido respuesta por parte de los funcionarios municipales, lo que ha obstaculizado la operatividad del Juzgado Calificador.
"Ninguna de las autoridades me escucha y nadie responde mis oficios desde hace más de cuatro meses. Le tengo miedo a las injusticias estructurales que desean callarme e intimidarme", sostuvo.
Agregó que, pese a laborar bajo presión y sin el respeto a sus facultades legales, en lo que va de su gestión ha atendido a más de 500 personas en materia de justicia administrativa.
La jueza calificadora atribuyó la situación a deficiencias en la conducción administrativa del Ayuntamiento.
"Los políticos de hoy en día prefieren la moral y el 'qué dirán' antes de estudiar la administración pública. No estoy dispuesta a jugar con mi cédula y carrera profesional por una administración improvisada", manifestó.
Cruz Espino señaló que, de continuar la falta de respuesta y las presuntas violaciones a sus derechos, acudirá a las instancias legales y administrativas competentes para solicitar su intervención.
Con la recepción de la queja JC/004/2026, el Órgano Interno de Control deberá iniciar las investigaciones correspondientes para determinar la existencia de faltas administrativas o responsabilidad de los servidores públicos involucrados.
