Para establecer que comete el delito de rapiña quien aprovechando la confusión, falta de vigilancia, catástrofes, accidentes viales u otros siniestros, robe los productos o mercancías contenidos en un transporte de carga accidentado, y sancionarlo con uno a cuatro años de prisión, la diputada Lorena Piñón Rivera (PRI) impulsa una iniciativa.
También, busca señalar que al que, participando en una rapiña, no interviniera en el auxilio o no pidiera la atención médica que requiere una persona que viajaba en el autotransporte que sufrió un accidente de tránsito, se le aplicarán de 2 a 4 años de prisión.
En caso de muerte de la persona a la que se le omitió el auxilio, la pena será de 6 a 9 años de prisión, añade el documento que adiciona los artículos 341 Bis y 380 Bis al Código Penal Federal, enviado a la Comisión de Justicia.
Piñón Rivera considera necesario tipificar este delito y evitar que la gente realice hurtos en cualquier circunstancia en donde pueda existir una o varias personas en peligro, como “los casos donde se accidenta un vehículo de carga que traslada mercancías y/o productos que, al quedar sin protección, algunos individuos se deciden por robar la mercancía expuesta y se omite el auxilio a personas que son afectadas por el accidente”.
Destaca la importancia de sancionar a aquellos que busquen aprovechar un accidente vial y actúen de forma dolosa para robar la máxima cantidad de productos o materiales que estén a su disposición, así como implementar protocolos que permitan a las autoridades proceder de manera adecuada para dispersar rápidamente a las personas involucradas en los actos de rapiña, con el fin de que los cuerpos médicos tengan las facilidades para brindar atención a las personas heridas.
Refiere que derivado de las circunstancias presentadas por la pandemia y la incertidumbre social generada por el debilitamiento de la economía familiar, se han presentado situaciones en donde algunos individuos aprovechan las condiciones producidas por los accidentes viales o eventos en donde existe poca vigilancia, para apropiarse de una variedad de productos, artículos o mercancías que puedan brindarles un beneficio monetario o cubra una necesidad personal.
“Si bien se pueden percibir estos actos como entendibles dado el contexto post-pandemia en donde se ha incrementado la vulnerabilidad social, es necesario legislar para prevenir o evitar estas conductas ya que se pone en riesgo la vida de las personas involucradas indirectamente en saqueos colectivos o una rapiña”, añadió.
La diputada del PRI precisa que el objetivo es garantizar que tanto trabajadores como permisionarios tengan presente que existe un marco legal que pueda proteger su inversión, así como a quienes brindan este servicio. “Es necesario crear el tipo penal de rapiña en accidentes provocados en accidentes viales, mismos que acontecen de manera regular en el país”.
