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MIÉRCOLES 27 NOVIEMBRE 2019
En
México hay 12 millones de personas que viven en pobreza energética, mientras el
Gobierno paga anualmente 100 mil millones de pesos para subsidiar el consumo de
electricidad al no potenciar el uso de las energías renovables, informó Daniel
Chacón, oficial de Energía Renovable de la consultora ICM.
En su
participación durante el “Día del Financiamiento Climático 2019”, el experto
señaló que con el uso de paneles solares en los techos de las casas, se hubiera
acabado el tema de los subsidios y, al mismo tiempo, el de la emisión de gases
de efecto invernadero.
“¿Por
qué no se hace? Por falta voluntad política, por intereses gremiales y hasta
por cuestiones ideológicas”, agregó durante el evento patrocinado por la
agencia alemana Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y
Transparencia Mexicana.
Actualmente,
el país emite 139 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) y de
acuerdo a los compromisos contraídos en el Pacto de París, para 2020 debería
reducir las emisiones a 130 millones de toneladas, meta que no podrá cumplir.
Por
su parte, José Humberto Alarcón, director de Suneco, apuntó que “si se
respetara el Estado de Derecho, no se cambiaran las reglas del juego a cada
instante y se eliminaran trabas, sería fácil realizar el tránsito a las
energías renovables, sobre todo considerando que los costos de la tecnología
han bajado mucho”.
Acto
seguido informó que en los últimos años, aún con las condiciones desfavorables
que hay en el mercado, la inversión de las industrias generadoras de energía no
renovable ha alcanzado los 50 mil millones de pesos anuales.
“La
oportunidad está ahí, sólo hay que provocar el cambio de cultura para poder
hacer el cambio. La Ciudad de México debería estar llena de paneles solares,
para los cuales además hay financiamiento”, mencionó.
Hay
que propiciar cambios de cultura y de política para dar paso a la
democratización energética, un sistema en el cual cada ciudadano puede generar
y distribuir su propia electricidad, comentó en su intervención la arqueóloga
Evelina Marín.
La
democratización energética, explicó, es la transición de un sistema
centralizado a otro en que la población genere de forma independiente su
energía y la distribuya de la misma manera, aunque también debe advertirse que
eso trae obligaciones como el mantenimiento de los procesos.
En
pocas palabras, reiteró “que el Estado deje de tener la potestad de generar y
distribuir la energía”.
