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LUNES 7 OCTUBRE 2019
El mandatario precisó
que el acuerdo al aumento a la tarifa del servicio también implica la
colocación de cámaras de videovigilancia, sistema GPS y alarmas
De no cumplir, habrá
retiro de concesiones y rutas de viaje, advirtió
Aseguró que su gobierno
es consciente del costo político por el incremento, pero que esta es una medida
para combatir la corrupción
VIDEO
Los
concesionarios del transporte público tienen un plazo de cuatro meses para
cumplir con el acuerdo que se firmó con el Gobierno del Estado, el cual,
además de contemplar el aumento de la tarifa, incluye mejoras en las
condiciones de las unidades, afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
El
acuerdo con los transportistas, precisó el titular del Ejecutivo, incluye la
modernización de las unidades, la colocación de alarmas, cámaras de
videovigilancia y sistemas GPS, medidas con las que se generarán condiciones de
seguridad para los usuarios.
En
caso de no cumplir con estas condiciones, Barbosa Huerta sentenció que se
procederá la cancelación de las rutas de viaje y de las concesiones, las
cuales, sostuvo, se revisan las condiciones bajo las que se entregaron por
gobiernos pasados.
“No
podíamos detener ya un aumento de la tarifa, que más que aumento es un acuerdo
entre el transporte y el gobierno porque tiene que ver con modernización del
transporte, con asuntos de tecnología para la seguridad de la gente, alarmas,
cámaras, GPS, revisar el tema de las rutas tan corrompidas, revisar los
permisos. Es un acuerdo muy grande con el transporte para revisar y va a
derivar en muchas cosas, la cancelación de rutas, si fueron otorgadas con
corrupción, de concesiones estamos en un proceso de revisión de todo”, señaló
Barbosa Huerta.
El
mandatario estatal aseveró que su gobierno es consciente del costo político del
incremento en el precio del servicio, pero que la medida es parte del combate a
la corrupción que inició, y que tras ocho años en el que no se atendió el tema,
sólo se provocó el “achatarramiento del transporte”.
“Un
gobierno tiene decisiones que debe de asumir, el tema de una cuota sostenida
por ocho años, qué consecuencias tuvo, el achatarramiento del transporte,
estamos conscientes de todo lo que puede implicar socialmente, lo asumimos,
pero son decisiones que se tiene que tomar, cero corrupción, porque no vamos a
permitir que siga siendo el tema del transporte el lugar donde se aloja la
corrupción más fuerte en los Gobiernos del Estado”, apuntó el gobernador.
