Puebla se suma a la campaña nacional “Septiembre,
mes del testamento” y presenta el programa “En Puebla, el testamento es en tu
lengua”
Los hablantes de las lenguas náhuatl, totonaco,
otomí, popoloca, mixteco y mazateco serán beneficiados por primera ocasión
Con el objetivo de brindar
certeza jurídica a las y los poblanos sobre su patrimonio, y considerando las
dificultades económicas por las que atraviesan las familias por la contingencia
sanitaria de COVID-19, el Gobierno del Estado se suma a la campaña nacional
“Septiembre, mes del testamento”, que se complementará con el programa “En
Puebla, el testamento es en tu lengua”.
En la habitual
videoconferencia de prensa que preside el gobernador Miguel Barbosa Huerta, la
directora general de Archivos y Notarías, Margarita Mena, explicó que el
otorgamiento de los testamentos tendrá un costo de 500 pesos, siempre y cuando
el valor del bien inmueble no exceda los 750 mil pesos.
Estas tarifas representan un
beneficio para la sociedad, pues se redujo el costo del trámite y se amplió el
valor del inmueble. Los interesados pueden acudir a cualquier notaría con
identificación vigente, la CURP, INE y boleta predial.
Margarita Mena explicó que el
segundo programa consiste en que, durante el mes que dura esta campaña, serán
redactados y asentados de manera gratuita los testamentos de las y los poblanos
hablantes de las lenguas náhuatl, totonaco, otomí, popoloca, mixteco y
mazateco, acciones en las que trabajarán el Sistema Estatal DIF, la Consejería
Jurídica, el Consejo de Notarios, los institutos nacionales de los Pueblos
Indígenas (INPI) y Lenguas Indígenas (INALI) y universidades.
La directora informó que este
día serán publicadas las reglas de operación a las que se deberán de apegar los
fedatarios públicos, luego de señalar que “En Puebla, el testamento es en tu
lengua”, en el que participarán 180 traductores, es un programa innovador a
nivel nacional.
Por su parte, el gobernador
Miguel Barbosa Huerta resaltó la importancia de que las y los poblanos de toda
la entidad cuenten con certeza jurídica sobre sus bienes, tras afirmar que el
Gobierno del Estado trabaja porque la fe pública sea equitativa, accesible y
cercana a todos los sectores de la sociedad.
