NOTICIAS TEZIUTLÁN "LA PURA VERDAD"
Debido
a las irregularidades en las que ha incurrido la Auditoría Superior del Estado,
con la “auditoría preventiva” que inició en diciembre pasado, así como por el
hecho de que la BUAP está abierta a la fiscalización de sus cuentas públicas,
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) aceptó la revisión de los recursos
federales y federalizados ejercidos por esta Casa de Estudios en 2019.
Tras
informar lo anterior, el subcontralor de la BUAP, José Ubaldo Ramírez, dio a
conocer que este jueves 23 de enero académicos y estudiantes de la Máxima Casa
de Estudios de Puebla presentarán al Congreso del Estado una denuncia contra la
ASE, debido a las múltiples irregularidades que ha cometido desde diciembre
pasado, cuando inició la citada “auditoría preventiva”.
En
rueda de prensa, el funcionario universitario recordó que la BUAP solicitó a la
ASF atraer esta revisión en ejercicio de la facultad que le confiere el
artículo 79 de la Constitución, petición que tuvo una respuesta favorable por
parte de este órgano de fiscalización federal, en su oficio fechado el 22 de
enero.
Acompañado
por los consejeros directores Luis Ochoa Bilbao, Francisco Tenorio Martínez e
Iván Aguilar Enríquez, de las facultades de Derecho y Ciencias Sociales,
Contaduría Pública y Cultura Física, subrayó que la BUAP mantiene su política
de transparencia y rendición de cuentas; así lo muestra el periodo de 2013 a
2018, durante el cual los recursos públicos ejercidos por la Institución fueron
revisados en 34 auditorías estatales y federales, mientras que los propios por
despachos externos y aprobados por el Consejo Universitario.
Ubaldo
Ramírez remarcó que el enorme reto de la BUAP es su compromiso con los valores
y la verdad, como institución pública formadora de agentes de cambio: “Quienes
habrán de salvar vidas, abrir las mentes de futuras generaciones, los que
habrán de devolver a la sociedad el derecho a la justicia”.
Al
reiterar que la BUAP está abierta a cualquier revisión dentro de la legalidad y
el Estado de Derecho, José Ubaldo Ramírez desmintió que la Tesorería de la BUAP
se haya negado a entregar información, como señaló la ASE en su cuenta de
Twitter el 20 de enero, razón por la cual cerró la revisión preventiva 2019.
Precisó
que en ningún momento el personal de la ASE acudió a dicha Tesorería; en su
lugar, acudió a la Sala de Capacitación de la Secretaría General y a la Oficina
de la Abogada General.
El
funcionario universitario explicó que en el oficio ASP/00067-20/DFE, signado
por el titular de la ASE y notificado el pasado 14 de enero, se informó que
este organismo no tenía inconveniente en que el lunes 20 de enero de 2020 se
entregara la información, pero sin señalar hora para desahogar dicha
diligencia.
Ante
ello, aclaró que mediante un escrito del 17 de enero, notificado el 20 de
enero, “se solicitó, a fin de salvaguardar derechos fundamentales del debido
proceso, nos señalara nuevo día y hora para la entrega de la información
respectiva, situación que hasta este momento no fue respondida”.
Tras
sostener que la BUAP se mantiene dentro de la legalidad, en armonía con la
autonomía universitaria, afirmó que los universitarios no reconocen la
autoridad moral del titular de la ASE, quien ha cometido múltiples violaciones.
Entre estas: orden de auditoría en tiempo real, aún cuando es facultad
privativa de la ASF; orden de auditoría y visita sin que mediara una denuncia;
inicio de auditoría sin previo citatorio al representante legal de la
Institución.
Además,
ejecución de inicio de auditoría y visita sin identificaciones oficiales por
parte de los auditores designados; solicitud de documentación e información
relativa al uso, manejo y administración de recursos federales y
participaciones federales, sin exhibir el convenio de coordinación
correspondiente con la ASF; y la imprecisa solicitud de información de carácter
federal, sin establecer los formatos y anexos correspondientes.
Lo
anterior, concluyó, demuestra “que se ha conducido falto de verdad, rompiendo
la secrecía de sus investigaciones al manipular a la Comisión Inspectora del
Congreso del Estado”, ya que la llevó a emitir una postura respecto de una
auditoría que aún no comenzaba.
