NOTICIAS TEZIUTLÁN "LA PURA VERDAD"
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NOTICIARIO DE ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN noticiasdeteziutlan@hotmail.com
VIERNES 10 ENERO 2020
La administración del gobernador Miguel Barbosa plantea que
se conduzcan con legalidad, honestidad, austeridad, imparcialidad, objetividad
y transparencia
Deberán desempeñar sus funciones con respeto a los derechos
humanos, con visión de género y erradicando cualquier forma de violencia en
contra de las mujeres
Con
la finalidad de rediseñar el servicio público y que el ejercicio de la función
pública se apegue a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia, el Gobierno del Estado presenta el acuerdo de
actuación de las y los servidores públicos en el desempeño de sus funciones.
El
acuerdo, que entró en vigor el pasado miércoles 8 de enero, busca empoderar al
ciudadano haciéndolo el eje de acción de la administración pública, colocándolo
en el centro de la gestión estatal, considerando que lo más importante de la
función pública es servir a las personas.
Dentro
de los lineamientos destaca que los servidores públicos deben de conducirse con
legalidad, honestidad, austeridad, imparcialidad, objetividad, transparencia,
certeza, cooperación, ética e integridad y sobre todo con calidad y calidez
hacia las y los usuarios, a los que se les deben de ofrecer respuestas
expeditas, claras y satisfactorias, y a quienes se les debe de garantizar el
resguardo y protección de sus datos personales.
Deben
de abstenerse, además, de recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de
compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de
trámites y servicios.
También
se establece que los funcionarios deben conducirse con estricto apego a la
austeridad republicana, es decir, vivir en la sana medianía, evitando los
derroches, la frivolidad y el dispendio; realizar su trabajo con honestidad,
rechazando y denunciando cualquier acto de corrupción, sin favorecer a ningún
ciudadano por motivos personales ni de ninguna índole.
De
igual forma el acuerdo contempla que deben desempeñar sus funciones con respeto
a los derechos humanos, con visión de género y erradicando cualquier forma de
violencia en contra de las mujeres; y servir a toda la ciudadanía por igual, de
forma objetiva, empática y cortés, sin discriminación y sin distinciones por
razón de raza, religión, identidad sexual, opinión pública, origen, posición
económica o cualquier otra condición.
Teniendo
en cuenta que uno de los principales propósitos del gobernador Miguel Barbosa
Huerta es concretar un gobierno incluyente y cercano a la gente, el acuerdo
establece que los servidores públicos deben conocer y comunicar a la población
los “Mecanismos de Atención Ciudadana” disponibles.
Como
parte de los compromisos de la administración estatal con los grupos con
vulnerabilidad física, también se plantea que los servidores deben de
implementar las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad universal y
que las gestiones se realicen en el menor tiempo posible para los adultos
mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas
en compañía de niños menores de cinco años.
Además,
los servidores públicos deberán aprovechar al máximo el uso de las tecnologías
de información y de comunicaciones para coadyuvar a transparentar la función
pública y, en su caso, detectar con oportunidad prácticas de corrupción al
interior de las instituciones públicas.
Cuidar
el aspecto personal en el trato con la ciudadanía, responder y utilizar
lenguaje claro y sencillo y portar durante su horario laboral y de forma
visible la credencial que los identifique, son otros aspectos que contempla el
acuerdo.
En
cuanto a los titulares de las dependencias y entidades, deben garantizar que,
en caso de que el servidor público solicite algún obsequio o compensación por
el servicio ofrecido, los ciudadanos denuncien ante la autoridad competente, ya
sea de forma verbal (en el número de 800 466 37 86), por escrito o por
cualquier medio digital (denunciaciudadana@puebla.gob.mx).
Debe
subrayarse que la Secretaría de la Función Pública y los correspondientes
Órganos Internos de Control, serán los encargados de vigilar el cumplimiento
del acuerdo que establece los lineamientos de actuación de las y los servidores
públicos en el desempeño de sus funciones.
