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MARTES 5 NOVIEMBRE 2019
En
sesión pública ordinaria, la diputada Bárbara Morán Añorve presentó una
iniciativa para adicionar el artículo 380 del Código Penal del Estado de
Puebla, con la finalidad de establecer como agravante genérica el uso de
motocicletas para la comisión del delito o robo, principalmente de teléfonos
celulares.
En la
iniciativa, la diputada Bárbara Morán señaló que ante la alarma social por el
robo de celulares y de diversos delitos mediante el uso de motocicletas es
necesario ajustar las agravantes en la comisión de tipos penales, como diversas
modalidades de robo, en especial a aquellos que tienen un fuerte impacto
social.
La
iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de
Justicia para su estudio y resolución procedente.
Por
otra parte, la diputada Rocío García Olmedo presentó nuevamente una iniciativa
para reformar los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal del
Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objetivo de evitar la criminalización
por la interrupción del embarazo.
La
diputada Rocío García explicó en tribuna que, si bien la interrupción del
embarazo no siempre implica que las mujeres sean sometidas a un proceso penal,
ya que no en todos los casos culmina en una sanción privativa de su libertad,
sí tiene repercusiones sociales y económicas de por vida.
La
legisladora consideró que este tipo de violencia contra las mujeres es una
violación a sus derechos humanos, pues sus derechos sexuales y reproductivos
son amenazados, cuando se les impide a éstas a decidir sobre su propio cuerpo y
se las castiga cuando lo hacen.
La
iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de
Justicia para su estudio y dictaminación correspondiente.
Asimismo,
el diputado Jonathan Collantes Cabañas presentó una Iniciativa para reformar el
primer párrafo del artículo 190 bis del Código Penal del Estado de Puebla, con
el propósito de imponer de tres a cinco años de prisión a los prestadores de
servicio del transporte público, que no cuenten con la concesión o permiso
otorgado por la autoridad competente.
Así
como multas de trescientos a quinientos días de salario, y la suspensión de
licencia para conducir vehículos de uno a cinco años; además, en caso de
reincidencia, aunada a la pena de prisión correspondiente, se impondrá la
suspensión definitiva de la licencia de conducir. Esto, con el objetivo de
disminuir y abatir el establecimiento de transporte público ilegal o pirata.
La
iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de
Justicia para su estudio y resolución correspondiente.
