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VIERNES 16 AGOSTO 2019
A 11
años de la reforma constitucional en materia penal, México enfrenta un problema
en la consolidación de su sistema de justicia en el que la impunidad alcanza
porcentajes entre 94 y 96 por ciento, señala el estudio “Hallazgos 2018”
realizado por el centro de análisis México Evalúa
Además,
advierte sobre los riesgos que enfrenta el país ante la posibilidad de un
proceso de contra reforma debido a una serie de contradicciones en que han
derivado de la forma de aplicar justicia.
Al
presentar el estudio, la coordinadora del programa de justicia en México
Evalúa, María Novoa, reveló que el sistema de justicia se encuentra en un
momento crucial, en donde el reto es atender las brechas para su consolidación
o asumir el fracaso.
Advirtió
que las estadísticas revelan claras señales de retroceso, toda vez que se ha
construido un discurso que sugiere que el modelo acusatorio favorece la
impunidad en lo que se denomina “la puerta giratoria”.
En
ese sentido, señaló que se han aprobado reformas como la del Artículo 19, con
una ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y que se
tornan incompatibles con el propio sistema de justicia acusatorio.
Expuso
que una muestra de la crisis que enfrenta en esta materia el país, es el hecho
de que en 2018 se pasó de dos millones 85 mil investigaciones iniciadas a solo
81 mil 80 asuntos vinculados, es decir solo 3.9 por ciento.
Esto
se deriva, entre otras cosas de un fenómeno de “cuello de botella”, que provoca
una serie de investigaciones pendientes que alcanza hasta 40 por ciento de
congestión ministerial.
En
promedio nacional, ello significa, “que cada fiscal está a cargo de 159
investigaciones, lo que revela un problema de sobrecarga del ministerio
público” y en donde los casos van desde un simple robo de bicicleta hasta un
homicidio.
Por
otra parte, se ha mal entendido el concepto de autonomía propiciando una
cerrazón por parte de las instituciones que obstaculizan los procesos de
investigación.
Todo
ello, consideró Novoa, es resultado de una serie de malas decisiones de
planeación, de política y priorizaciones frente a recursos escasos.
Como
resultado, para 2018 el índice de impunidad federal, es de 94.6 por ciento, en
tanto que el de impunidad estatal es de 96.1 por ciento.
Ese
año, los estados con menores niveles de impunidad fueron: Guanajuato,
Querétaro, Puebla, Campeche y Baja California, mientras que Guerrero, Nayarit,
Quintana Roo y Veracruz son las entidades que más problemas tienen para avanzar
en la consolidación de su Sistema de Justicia Penal.
Ante
este problema, el estudio propone como solución; la consolidación del sistema
de justicia, planteado desde hace 11 años y no la contra reforma como podría
estarse organizando.
Para
ello se plantean tres aspectos a atender: la articulación de seguridad y
justicia; una política de priorización penal, y el fortalecimiento de
capacidades de investigación criminal.
