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SÁBADO SEPTIEMBRE 2019
ODILÓN
LARIOS NAVA
Extorsión
y abuso de autoridad en contra de una abogada y de la sociedad, son los delitos
que formalmente se le imputan a José Luis, quien es el presidente del Tribunal
de Arbitraje de los Trabajadores del Estado de Puebla (TATEP).
La
denuncia formal en su contra fue interpuesta por una abogada de nombre
Jaqueline el 3 de septiembre del año en curso. De acuerdo a lo expuesto por el
Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el
funcionario, exigió a la abogada 100 mil pesos por cada asunto que llevara.
Según se dijo en la audiencia de formal imputación, el imputado le habría dicho
a su víctima que debía aprovechar (él), pues pensaba que con el nuevo gobierno
del estado lo despedirían.
Según
la abogada de nombre Jaqueline, José Luis en su calidad de presidente de dicho
tribunal, le exigió 100 mil pesos para liberar los cheques de más de 60
trabajadores del Estado que fueron despedidos entre 2011 y 2017, así se expuso
en la audiencia realizada entre la noche del jueves y madrugada de este
viernes.
El
Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción,
indicó que la abogada denunció a José Luis la noche del 3 de septiembre por los
delitos de abuso de autoridad y extorsión.
En la
carpeta de investigación 465/2019, la litigante asentó que tiene más de 60
casos radicados en el tribunal que preside José Luis, la mayoría de los cuales
está en la etapa de ejecución mediante amparos directos e indirectos, en otras palabras,
que solo se espera el momento en que se realicen los pagos a sus clientes.
La
abogada denunció que el pasado 4 de julio, fecha en que se cobraría el cheque
de uno de los afectados, José Luis, el presidente se acercó a ella y le dijo si
deseaba contribuir con 100 mil pesos por casa asunto, ya que supuestamente así
era con todos los litigantes del Tribunal de Arbitraje y en las Juntas
Especiales. Si no accedía le indicó que la bloquearía en Finanzas para que no
le pagaran.
La
abogada se negó, pero posteriormente al hacer el cobro de una de sus clientas,
se percató que le aplicaron un descuento de 256 mil pesos, sin que se informara
el concepto de tal faltante. Al preguntar a los empleados del Tribunal, estos
dijeron que lo viera directamente con “el manitas Ayala” como conocen a José
Luis.
El 11
de julio, según se dijo en la audiencia, Jaqueline habló con el presidente del
tribunal y éste le dijo que dejara de “lloriquear” que, si había pensado mejor
lo que le había propuesto, pues él podía poner fecha a sus asuntos. Ella
accedió e hizo dos entregas de dinero, una de 100 mil y otra de 50 mil.
José
Luis habría exigido 300 mil pesos más a la abogada, incluso le concedió que le
pagara en partes, 50 mil pesos cada ocho días. Por medio de Whats App, le hizo
llegar dos cuentas bancarias para que hiciera las transferencias, una de ellas
presumiblemente a nombre de Raque, la secretaria general del Tribunal de
Arbitraje.
Algunos
de los cheques posteriores de sus clientes salieron íntegros, sin descuentos, pero
después cuando ella ya no pudo continuar pagando a José Luis, volvió a aparecer
el descuento. En el caso concreto de un cheque de más de 1 millón de pesos,
aplicaron un descuento de 118 mil pesos. Es así como la abogada decidió
reclamar al presidente del tribunal, pero esta vez grabó la conversación.
La
abogada indicó a las autoridades de la Fiscalía General del Estado que José
Luis la amenazó de muerte y además se jactó de que no le pasaría nada pues es
muy influyente, además de que siempre toma la precaución de no firmar los
acuerdos.
Por
todo lo anterior se le imputaron los delitos de abuso de autoridad y extorsión,
además de que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva necesaria
en el penal de San Miguel. Sus defensores solicitaron la ampliación del término
constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se realice la
audiencia de vinculación a proceso.