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JUEVES 26 SEPTIEMBRE 2019
Advirtió que habrá “mano dura” contra concesionarios beneficiados
por la corrupción
El
ejecutivo del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, afirmó que existe un
aplazamiento al incremento a la tarifa del transporte público, por lo que será
en dos semanas cuando el secretario de Transporte y Movilidad, Guillermo
Aréchiga Santamaría y concesionarios den a conocer el acuerdo que se logró.
En
entrevista, precisó que este aplazamiento fue de dos semanas, pero confirmó que
hay un acuerdo que ya está construido, por lo que confió que se mantenga con
los transportistas. Sin embargo, advirtió que aquellos
concesionarios que no quieran contribuir o respetar al acuerdo, el gobierno no
cederán a presiones, “si piensan que nuestro gobierno está sujeto a las
envalentonadas, están equivocados”.
Asimismo,
reconoció que este aplazamiento fue por cuestiones políticas, al destacar que
existe un pacto, en donde ya está concretada la tarifa y a todos los
compromisos que se lograron con los transportistas. De igual forma, sentenció
que habrá “mano dura” contra los concesionarios, quienes fueron beneficiados
por la corrupción que predominó en anteriores administraciones, al señalar que
revisarán todos los permisos, para evitar que operen bajo irregularidades.
Destacó que los transportistas deberán cumplir con las medidas de seguridad,
como son botones de alertamiento, cámaras de video vigilancia conectados al C5,
por lo que dijo que habrá total seguridad.
Barbosa
Huerta señaló que el detener 8 años el incremento de la tarifa, provocó que el
desmantelamiento del mismo, además que las unidades se convirtieran en
chatarra, por ello se debe aplicar el alza para el mejoramiento del parque
vehicular. Asimismo, criticó a Arturo Loyola por informar sobre la nueva tarifa
de 8 pesos con 50 centavos, no obstante y será en el plazo fijado cuando se
haga el anuncio oficial. También comentó que se revisarán los permisos de las
plataformas de Uber, Cabify y Didi, las cuales deberán operar dentro de la
norma. Por último indicó que anteriores administraciones e incluso el gobierno
interino no quiso asumir el costo político.
