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VIERNES 14 JUNIO 2019
El
Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) externó
su preocupación que el gobierno mexicano haga patente la política migratoria de
seguridad, al enviar a la frontera sur seis mil elementos de la Guardia
Nacional como contención a los flujos migratorios en colaboración con el
Instituto Nacional de Migración (INM).
Ello,
a partir del reforzamiento de los puntos de internamiento y controles de
verificación migratoria en diversas localidades de los estados del sureste
mexicano, sin que haya claridad en sus objetivos, límites a su intervención y
protocolos de actuación.
En un
pronunciamiento, reconoció que desde finales del año pasado y lo que va de
2019, se han incrementado en México de manera importante los flujos migratorios
de diferentes nacionalidades, llegando a cifras que han rebasado las
capacidades de las autoridades migratorias.
Refirió
que ello ha dificultado transitar a una migración segura, ordenada y regular,
como lo establece el Pacto Mundial suscrito por los países miembros, incluido
México, en Marruecos el 10 de diciembre de 2018 y adoptado después por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ante
la decisión del gobierno mexicano de recibir más número de personas
centroamericanas solicitantes de asilo en Estados Unidos de América, en tanto
son recibidos por un juez de ese país, expuso que es necesario crear una
política integral que no riña con el respeto a los derechos humanos y
asistencia humanitaria.
Además
dando respuesta no sólo a personas extranjeras, sino también a cientos de
connacionales que son repatriados al país y que requieren de asistencia para
reintegrarse a la sociedad, así como reconocer y apoyar la labor de
organizaciones de la sociedad civil, albergues y casas del migrante que en las
ciudades fronterizas del norte del país reciben y atienden a las personas
retornadas.
Coincidió
en que se hace necesario crear mecanismos de desarrollo que den respuesta a la
problemática migratoria en sus orígenes y de manera regional.
Agregó
que debe darse con acciones en las diversas naciones centroamericanas y en el
sur del país tendientes a evitar la migración forzada, teniendo como eje
principal en las mismas la dignidad de la persona y el respeto a sus derechos
humanos.
Llamó
al gobierno mexicano para que la política migratoria sea guiada por los
principios de igualdad y no discriminación. “El respeto a los derechos humanos
que solicitamos del país del norte hacia nuestros connacionales debe
corresponder con el que se otorgue a los miles de extranjeros que ingresan y
transitan por nuestro país”.
Advirtió
que la dignidad de la persona y la solidaridad internacional son principios fundamentales
que se deben incluir en la conformación de la nueva política pública migratoria
que tienda a cumplir con los objetivos de lograr una migración ordenada, segura
y regular en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos.
