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JUEVES 27 SEPTIEMBRE 2018
Un juez federal condenó esta noche a
Javier Duarte a nueve años de prisión y a una multa de 58 mil 890 pesos luego
que se declarara culpable por lavado de dinero y asociación delictuosa.
Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de
Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, también
decretó el decomiso de 41 propiedades a favor de la Federación, entre ellas 21
parcelas en Campeche, 4 departamentos en Ixtapa y 9 inmuebles en la CDMX,
incluidos 3 departamentos en Bosques de Santa Fe, 1 edificio en las Lomas de
Chapultepec y 2 departamentos en Polanco.
El juzgador al mismo tiempo amonestó al
ex Gobernador de Veracruz para que no vuelva a incurrir en un delito y ordenó
la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo en que
permanezca en prisión.
La Procuraduría no reclamó la reparación
del daño, en virtud que los delitos imputados no lo tienen previsto; los
fiscales federales presentes en al audiencia también retiraron su solicitud de
inhabilitar a Duarte por el mismo plazo de su condena.
Durante una audiencia de cinco horas de
duración, a la que el ex priista llegó con un procedimiento abreviado
previamente negociado con la PGR, el juez le inquirió si aceptaba su plena
responsabilidad en los ílicitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
Fuerte Tapia le advirtió que, de aceptar
la comisión de los ilícitos, no tendría derecho a ningún beneficio legal, como
es la conmutación de la pena.
“¿Admite usted su responsabilidad en los
delitos que le imputan?”, preguntó el juez.
“En base a los principios de lealtad e
institucionalidad que rigen mi conducta, sí su señoría”, respondió.
“Repito la pregunta, ¿acepta su
responsabilidad en los delitos?”.
“Repito, sí, su señoría”, contestó
Duarte, quien en la audiencia apareció vestido con el uniforme de reo color
caqui, barba larga y rapado.
Originalmente, este miércoles tendría
lugar una audiencia intermedia en la que se presentarían las pruebas a favor y
en contra del ex gobernador de Veracruz.
Sin embargo, desde el pasado 17 de
septiembre, Duarte entregó un escrito a la PGR en el que solicitó un
procedimiento abreviado con el que buscaba evitar el juicio, aceptar su
responsabilidad y obtener a cambio un beneficio en la reducción de las penas.
El mismo día, Felipe Muñoz Vázquez,
Subprocurador de Delitos Federales, aceptó conceder el procedimiento abreviado,
lo que implicó que la PGR planteara al juez Fuerte Tapia una condena mínima por
cada uno de los delitos y una reducción adicional a esas penas.
Las penas mínimas para tanto para el
lavado de dinero como para la asociación delictuosa son de cinco años de
cárcel, lo que en conjunto significaba una pena de 10 años. A este castigo, la
PGR sólo restó una décima parte de la duración, aunque la ley permitía una
reducción de hasta una tercera parte.
Para condenarlo, el juez consideró un
total de 47 datos de prueba ofrecidos por la Procuraduría, entre ellos algunos
testimonios novedosos de personajes que de manera tácita también aceptan haber
participado o al menos atestiguado los ilícitos del veracruzano.
Entre estos testimonios se encuentran el
del ex diputado federal Antonio Tarek Abdala, el presunto prestanombres Rafael
Gerardo Rosas, el contador hoy preso Rafael Nava Soria y José Antonio Bandin Ruiz,
quien también ha sido señalado como testaferro del ex mandatario.
